España es el hogar de una comunidad cannábica vibrante y robusta, con clubes privados de cannabis repartidos por todo el país, especialmente en Barcelona. Sin embargo, a pesar de la prevalencia de estos clubes, las políticas públicas de cannabis en España están desfasadas y no reflejan la realidad sobre el terreno. Mientras que los defensores del cannabis, tanto dentro como fuera de España, tenían la esperanza de que a principios de 2023 una medida reguladora del cannabis finalmente llegaría a la línea de meta, eso aún no se ha materializado.
Lo que sí se ha materializado, sin embargo, es un acuerdo en el Congreso de España para regular el cannabis de bajo THC, también conocido como "cannabis light". Este tipo de cannabis es muy popular en muchas naciones europeas, y el PSOE ha pactado una iniciativa en el Congreso con Unidos Podemos, Esquerra (ERC) y Bildu que abre la puerta a una futura regulación del cannabis no psicoactivo cuyo porcentaje de tetrahidrocannabinol (THC), la droga euforizante, sea inferior al 1%.
Este avance es un paso adelante esencial, pero es crucial tener en cuenta que lo que España realmente necesita es una revisión integral de la política y la regulación del cannabis. Actualmente, los clubes privados de cannabis operan en una zona gris legal, en lugar de ser autorizados y aceptados sin más, a pesar de que en España se consumen a diario productos cannábicos con todo tipo de porcentajes de THC, incluidos concentrados con altos niveles de THC. Este vacío normativo pone en riesgo la salud pública e impide a los emprendedores operar en un panorama de negocio que les permita satisfacer la demanda de la nación de una forma que beneficie a la salud pública y genere ingresos para las arcas públicas.
No está claro lo útil que sería la regulación del cannabis de bajo THC, y queda por ver si este tipo de reforma se adoptará en un futuro próximo y tendrá un impacto significativo en la industria del cannabis en España. Sin embargo, está claro que los consumidores y pacientes en España merecen un acceso seguro al cannabis probado, y los empresarios merecen un marco regulatorio que les ofrezca todas las oportunidades razonables para abastecer la demanda de cannabis de la nación de una manera que impulse la salud pública y genere ingresos para el bien público.
Fuente: Europapress.es
